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Martes, 14 de Febrero de 2017 21:38
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LA HONESTIDAD DE UNA COMISION NO SE PONE EN DUDA

CON

FALSEDADES Y HABLADURIAS

En estos últimos días, muchos han sido los comentarios  que hemos oído y leído de nuestra Comisión en relación con los antiguos gestores de la Falla   y un sinfín de disparates que conviene dejar claros ante de la opinión pública.

Nuestra Comisión sufrió un revés muy importante a consecuencia de la inadecuada gestión de nuestros responsables del área económica, (Presidente, Tesorero y Contador). Que a pesar de presentar en Junta Extraordinaria un ejercicio fallero con superávit de unos 7.000€, la realidad patrimonial de nuestra falla, era bien distinta, ya que no sólo no existía dicho superávit, sino que éramos deudores de más de 48.000€, que se debían a proveedores y que colocaban nuestra póliza de crédito en números rojos.

Ante esta situación nuestra Comisión, tras pedir las explicaciones oportunas a los responsables, no obtuvieron respuesta convincente, ni aportación de documentación adecuada, fruto del desorden contable y  una espiral incontrolada de gasto, del que en gran parte, no existía documentación y donde se gestionaba mayoritariamente en dinero efectivo de caja sin que se pudiera hacer seguimiento alguno del mismo.

El daño patrimonial, daño económico y daño moral, que supone confiar en una dirección que nos llevó a este importante sacrificio después de maquillar contabilidades durante ejercicios y presentando resultados positivos, cuando, la pura realidad, era otra bien distinta.

Esa deuda, no ha sido restablecida por quienes  nos llevaron a ella, ni tan siquiera nos han dado explicaciones de los hechos, ha sido la propia Comisión quien con su trabajo continuo e incansable ha logrado restablecer la normalidad patrimonial de la misma.

Para defendernos y como acto de dignidad nos vimos forzados a iniciar una tramitación legal en y una tramitación disciplinaria o fallera ante Junta Central Fallera (en adelante JCF).

Siguiendo la decisión unánime de la Comisión y bien asesorados, se optó por la vía penal ,ya éramos conocedores  que era difícil de ganar dado que es bastante restrictiva su aplicación , en tanto afecta a derechos individuales, así que fue desestimada llegando a apelación.

Este hecho, no puede suponer en ningún caso, que los hechos relatados no merezcan reprobación, sino simplemente que no corresponden ser juzgados por un juzgado penal, su no admisión no supone ninguna absolución  ni mucho menos que se haya ganado ningún juicio a nuestra Comisión, sino simplemente que los juzgados penales se abstienen de considerar los hechos como penales por no estar contemplados expresamente por la ley penal e insinúan que se intente por la vía civil. La vía civil, para nosotros, tiene un importante coste, tanto a nivel material como social. En Junta General se desestimó seguir dicha vía, no suponiendo que nos hayan ganado otro juicio, sino que demostrando la grandeza de nuestra Comisión valoramos por encima de estas cosas el sobreponernos económica y socialmente por encima del daño que se nos había causado.

Ante  JCF, se presentó solicitud de expediente por daños económicos a los responsables  Presidente, Tesorero y Contador como determina el propio Reglamento Fallero ante la Comisión de Incidencias de JCF. Tras deliberación de esta Junta se expuso ante la Junta de Presidentes la no admisión de los hechos y no reconocimiento de responsabilidad por parte de Presidente, Tesorero y Contador, esta decisión en la Junta de Presidentes, causó tal revuelo, que en votación mayoritaria se determinó por la JCF la inhabilitación por tres años de Presidente, Tesorero y Contador para ostentar cargo directivo en su falla y en cualquier otra.

En ningún momento ha sido objeto de nuestra Comisión menoscabar o atentar contra la dignidad u el honor de ninguno de los cargos inhabilitados sino evitar que al igual que nos habían causado un daño económico, moral y social, lo vuelvan a producir en otro sitio.

En esta decisión que tiene contenido administrativo  sancionador, al igual que ocurría en el orden penal, se extreman las garantías de los posibles sancionados, garantizando sus derechos y en especial en que la actuación de JCF pueda producirles la imposibilidad de defenderse ante ella. En el Contencioso Administrativo, no se pone en duda los hechos descritos objeto de nuestra pretensión, sino las condiciones en las que se ha producido el acto sancionador, es decir, la actuación administrativa de JCF o el Ayuntamiento de Valencia, es por ello que no se condena a la Comisión a pago alguno de costas o responsabilidades  sino que se condena a JCF o Ayuntamiento.

Así pues, no han ganado a nuestra Comisión, sino que han ganado a JCF o al Ayuntamiento en un procedimiento sancionador e irregular, que al entender del  juzgador, al formarse prescindiendo de alguna de las reglas fundamentales para su formación no se ajusta a la ley y por lo tanto es nulo y así condena a los gastos propios del juicio a JCF o Ayuntamiento y nunca a nuestra Comisión.

Por nuestra parte sólo nos cabe decir que es impensable que un Responsable económico de una  falla o de cualquier comunidad, sea “desconocedor” de una deuda de tal calibre (1/3 del presupuesto total) que hace inestable un presupuesto anual fallero.

Equivocarse, es, con humildad, un error reparable, eludir hacerlo, ya no es una equivocación. 

Por eso creemos que estas verdades a medias que se han vertido sobre nuestra Comisión constituyen una auténtica falsedad que creemos que sobradamente ha quedado desmantelada.

Última actualización el Miércoles, 01 de Marzo de 2017 22:08
 
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